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Jorge Zepeda Patterson – El gobernador pobre

Jorge Zepeda Patterson NOROESTE.COM.MX 2 de junio 2014

¿Conoce usted a un ex gobernador pobre? ¿Un ex mandatario que salga de Los Pinos para residir en una casa de clase media? Suena muy republicano eso de que nadie pueda ganar más que el Presidente de la República y que el sueldo de éste sea de $143,492 pesos mensuales ($199,310 con prestaciones). En principio puede parecer mucho dinero comparado al salario mínimo mensual de alrededor $2,000 (según la zona geográfica), pero es muy inferior a las remuneraciones de la Iniciativa Privada en puestos directivos de grandes empresas. Con sus ingresos nominales un presidente del país difícilmente podría comprarse un departamento en Polanco capaz de albergar a una familia numerosa: el costo ascendería a 10 ó 12 millones de pesos. Y ni hablar de una casa en Las Lomas, cuyo valor arranca a partir de 1.5 millones de dólares.

Mucho menos creíbles resultan los topes salariales de ciertos gobernadores, algunos de los cuales ganan menos que los alcaldes de su propia entidad federativa. Ya en serio, ¿habrá algún mexicano que crea que su gobernador o su presidente vive exclusivamente de su salario?, ¿o que su patrimonio al terminar su sexenio se restrinja a los ahorritos que le permitió su sueldo mensual?

Cuando consideramos las ingentes cuentas secretas y las partidas de gastos discrecionales casi sin límite que tienen a su servicio las oficinas de los ejecutivos federal y estatales, el sueldo nominal se convierte en un asunto simbólico, un trámite, un engañabobos. Y ojo, hasta aquí no estamos hablando de corrupción abierta. “Canalizar” recursos de las partidas discrecionales es percibido prácticamente como un derecho, toda vez que el sueldo mensual no está diseñado para pagar el “valor de mercado” que cree tener un mandatario estatal. He conocido gobernadores que se visualizan a sí mismos como hombres honestos y decentes, por el simple hecho de haberse limitado a estas partidas. Es decir, no recibieron “moches” por concesiones de obra pública, ni comisiones por decisiones de la autoridad o gratificaciones especiales por favores concedidos. No se corrompieron, pues, al menos a sus ojos. Y con todo, salieron millonarios del puesto.

Con lo anterior no estoy argumentando a favor de que los titulares del Poder Ejecutivo obtengan ingresos mensuales de medio millón de pesos para, de esa manera, evitar la tentación de que metan mano a las cuentas públicas (de las que no se rinden cuentas). Me temo que lo único que se provocaría es engordar el botín final. Pero algo me dice que tendríamos que encontrar otra manera de remunerar a los puestos públicos de alta responsabilidad. Y más importante aún, otra manera de transparentar el patrimonio de los servidores públicos para favorecer la rendición de cuentas.

Los topes salariales me recuerda los límites de velocidad en algunos tramos de las carreteras federales: topes de 60 ó 70 kilómetros por hora en segmentos planos carentes de obstáculos. Límites pensados para que sean violados por todo el que pasa por allí. El problema de fondo es que transitar a 95 kilómetros por hora convierte al conductor en un ofensor de la ley lo mismo que alguien que lo hace a 150 poniéndose a sí mismo y a los demás en riesgo. Con la corrupción pasa lo mismo. El funcionario que termina por embolsarse otros 100 mil pesos mensuales porque su sueldo es apenas simbólico, encontrará natural hacerse de otros 400 mil si tiene la oportunidad. Total, ya delinquió.

La concepción del servicio público sigue dominada por el famoso adagio: “político pobre es un pobre político”. Para desgracia nuestra, la clase política asume que todo aquél que arriba a un puesto público tiene la legítima aspiración de convertir una porción del presupuesto en patrimonio personal. Es una ley no escrita, pero tiene mayor vigencia que un artículo constitucional. Y me parece que lamentablemente esto no va a desaparecer hasta que se modifique “la narrativa” cultural sobre el servicio público. O incluso más allá: mientras el único sinónimo de éxito social y profesional sea el patrimonio acumulado. En otras palabras, si hubiera un ex mandatario que forme parte de la clase media seguramente sería visto como un inepto por sus colegas y, peor aún, por sus vecinos, en lugar de ser ampliamente respetado.

Entiendo que cualquier planteamiento para resolver este asunto es complicado, difícil de instrumentar. Pero lo que me queda claro es que andar presumiendo que el gobernador gana apenas 110,000 pesos o el presidente sólo 143,000 es un mero engañabobos. Ellos no se lo creen, tampoco nosotros. Mejor omitan la cifra. No se burlen.

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FUENTE: noroeste.mx