6 de marzo, 2013. Los diputados federales aprobaron ayer martes acotar el fuero para legisladores y servidores públicos mexicanos a excepción del presidente de la República.
La reforma va a afectar el fuero del secretario de estado, procuradores, ministros de justicia, gobernadores y alcaldes y permitirá que enfrenten un litigio penal en su contra.
Servidores a los que se acota el fuero:
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Consejeros de la Judicatura Federal.
Secretarios de Despacho.
Diputados de la Asamblea del Distrito Federal.
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Gobernadores.
Diputados locales.
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.
Integrantes de los Consejos de las Judicaturas locales.
Magistrados electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas.
Los servidores públicos, con lo aprobado ayer, podrán ser sujetos a proceso penal en caso que un juez lo requiera y no como sucede actualmente, donde la única forma que la ley prevé para llevarlos a juicio es con una “declaración de procedencia” emitida por la Cámara de Diputados, a través del llamado proceso de desafuero.
Con los nuevos cambios, además, se plantea que los servidores públicos no puedan ser separados de sus cargos en caso de existir un juicio en su contra, al menos hasta que se les dicte una sentencia condenatoria -en caso de haberla- y que ésta haya sido ejecutada.
La propuesta de ampliar el desafuero al Presidente de la Republica generó un intenso debate entre los diputados, quienes al no encontrar un consenso en el tema ordenaron regresarlo al Senado de la República, cuyos integrantes –los de la pasada Legislatura- la habían discutido y aprobado en diciembre de 2011.
En la iniciativa de 2011, los senadores acordaron ampliar retirar el fuero al Presidente de la República, siempre que los diputados actuaran como Cámara de origen al momento de resolver las solicitudes de la autoridad judicial.
A poco más de un año, los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales pactaron retirar de la minuta del Senado la propuesta para desaforar al Presidente de la República a solicitud de un juez, optando por dejarlo en los mismos términos que actualmente señala la Ley. Que el Presidente sólo pueda ser acusado ante el Senado, por la presunta comisión de delitos graves o traición a la patria.