FRANCISCO CUAMEA
Los ciudadanos interesados en influir en la vida pública, de manera formal a través de un colectivo sin fines de lucro, ya sea con propuestas o señalando las malas prácticas del gobierno, no sólo enfrentan al monstruo del aparato estatal, que cuenta con recursos económicos y humanos suficientes.
También encaran su propia desarticulación con una población deficitaria de interés en lo político, así como el candado legal impuesto desde el Poder Legislativo que los propios diputados federales se han encargado de resguardar durante años en la Ley del Impuesto sobre la Renta y que representa un obstáculo para su sustentabilida
Al cierre de 2012, hay 182 OSC en Sinaloa registradas en el Sistema de Administración Tributaria, básicamente la mayoría orientadas a la educación y al asistencialismo, englobadas en lo que se llama Instituciones de Asistencia Privada. Esta cifra significa que, en la entidad, apenas hay 7 Organizaciones de la Sociedad Civil por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, son las dedicadas al área cívica, es decir, aquellas creadas para incidir en las políticas públicas y crear ciudadanía, las que se abren paso en contra de todo.
La muralla legislativa
Una de las principales desventajas de las Organizaciones de la Sociedad Civil para desafiar al poder es la falta de recursos para su sustentabilidad
Las OSC han sido ubicadas por estudiosos como el Tercer Sector, es decir, entidades que, a diferencia de los sectores público y privado, obtienen ingresos provenientes de donaciones de fundaciones, ciudadanos, del gobierno o por actividades propias. Por su naturaleza sin fines de lucro, no existen utilidades, y si acaso hubiera “ganancias”, se deben reinvertir, por ley, en las actividades para las que fueron creadas.
Sin embargo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta tiene un candado que no permite que las OSC dedicadas a actividades cívicas o de incidencia de la vida pública puedan ser donatarias autorizadas, o en otras palabras, que puedan expedir recibos deducibles de impuestos para quienes las apoyan con recursos.
Y esto se ha convertido en una simulación legislativa, pues mientras el régimen de la ley del ISR no comprende las actividades cívicas, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, creada en el sexenio foxista, sí las incluye.
En septiembre de 2011, el Grupo promotor del Colectivo Fortaleciendo Causas Ciudadanas envió una petición con más de 300 firmas a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que eliminara el “candado”, al reformar el artículo 95 de la Ley del ISR y lo homologara con el régimen del artículo 5 de la Ley de Fomento.
En respuesta, los Diputados aprobaron un punto de acuerdo que obligó a Hacienda a “decir sí” a este tipo de organizaciones, siempre y cuando lo hicieran durante el ejercicio presupuestal 2012. Después de esa fecha no tuvo validez.
En julio del año pasado, volvieron a intentarlo.
“A pesar de la importante contribución que hacen las OSC a la sociedad mexicana”, anotan en un posicionamiento público, “muchas no pueden acceder al régimen de donatarias autorizadas. Muchas, incluso, ni siquiera pueden ser consideradas como personas morales con fines no lucrativos, de conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); entre ellas, se encuentran organizaciones sociales que tienen como fin promover la participación cívica, defender los derechos de los consumidores o la libertad de expresión y prensa, fortalecer a otras OSC o fomentar la educación.
Este régimen fiscal obsoleto no estimula la filantropía y niega el derecho a gozar de estímulos fiscales a la mayoría de las OSC.
“Por lo anterior, reiteramos la demanda que un amplio grupo de OSC hemos hecho en varias ocasiones, tanto al SAT, como a los legisladores, de modificar el Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir todas las actividades que realizan las OSC que ya están reconocidas en el Artículo 5 de la Ley de Fomento como de interés público y susceptibles de recibir apoyos y estímulos gubernamentales. Debido al periodo tan corto que resta a la administración federal actual, le solicitamos que desde el Ejecutivo se construya una iniciativa de ley en este sentido antes diciembre del año que corre”.
Terminó la legislatura y no sucedió nada. Los nuevos diputados federales no han dado muestras de querer empujar una reforma legal como tal.
El poder se impuso…. aun así, las OSC se las arreglan para sobrevivir, pero siempre contando los días.
Un ejército sin soldados
Y si para desafiar al poder, el propio poder pone obstáculos legales, la sociedad también pone los suyos. Hacen falta ciudadanos para la participación ciudadana. Hay desinterés y desconfianza.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2012, 8 de cada 10 ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado.
“65 por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política”, anota la ENCUP, que desde 2001 viene realizando la Secretaría de Gobernación para conocer la percepción, conocimiento, actitudes y comportamiento de los mexicanos ante al funcionamiento del sistema político en México.
Ese poco interés toma una dimensión más profunda cuando se advierte que, pese a que los encuestados manifestaron percibir un alto nivel de corrupción en los tres niveles de gobierno, 4 de cada 10 piensan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno.¿Pero porqué los mexicanos son tan desinteresados en la cosa pública?
Los investigadores Gustavo Verduzco, Regina List y Lester M. Salamon, identifican en el desarrollo político histórico mexicano la raíz de este desinterés.
En la investigación colectiva La Sociedad Civil Global, del Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad John Hopkins, los académicos ubican en tres periodos de la concentración del poder en el Estado la desarticualación ciudadana, o la no formación de una cultura participativa que apenas ha mostrado signos vitales a finales del siglo pasado.
“Hasta 1900, el desarrollo del sector no lucrativo en México era similar al de otros países de Latinoamérica”, explican como primer periodo, “en particular, la fuerza y la extensión de la influencia de la Iglesia católica durante el periodo colonial llevó a la creación de numerosas entidades de servicios de caridad, incluyendo hospitales y escuelas. El desarrollo de organizaciones laicas autónomas fue desalentado”.
Con la expropiación de los bienes de la Iglesia católica después de la Independencia en 1821, el sector sin fines de lucro existente cayó en una virtual ruina, ya que ni el nuevo gobierno ni la Iglesia tenían recursos para sostenerlo, describen los investigadores como un segundo periodo.
Ya en la época posrevolucionaria y con el Partido Revolucionario Institucional en el primer plano del gobierno, Verduzco, List y Salamon exponen que de 1940 a 1965, la prosperidad económica permitió al PRI extender y ejercer un firme control sobre los servicios básicos, especialmente de salud y sociales.
Y tal como la Iglesia Católica en el periodo colonial, el Estado posrevolucionario y el tricolor desalentaron la formación de asociaciones autónomas y voluntarias.
Los albores de las OSC se dieron en 1990 pues con la apertura democrática se creó un terreno favorable para su desarrollo.
En febrero de 2004, después de un proceso de 15 años, se publicó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC.
Ahora, no obstante, a la misma sociedad organizada le toca empujar el siguiente paso hacia su desarrollo: la reforma al artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la generación de mayor credibilidad para contagiar a más ciudadanos a que se sumen.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el país incluyendo todo tipo de actividades guardan una tasa muy baja.
A nivel nacional es de 6.6 OSC por cada cien mil habitantes, lo cual habla de muy poca participación.
FUENTE PERIÓDICO NOROESTE.MX